La semana pasada empezamos esta columna planteando que era imperioso la instrumentación de acciones políticas que dinamizan la economía del país, después de la gran devaluación y ajuste económico que el nuevo gobierno nacional instrumentó. Sostuvimos que a la par del necesario achique de un Estado ineficaz, el gobierno nacional debía dar señales para comenzar a reactivar la actividad, facilitando la inversión.
Lo hizo a través de un amplio e inusual decreto de necesidad y urgencia, que deroga leyes, artículos de otras y echa por tierra capas geológicas de regulaciones estatales, que no hacen más que encarecer la vida y las actividades. El decreto corta de raíz un sinnúmero de privilegios de una matriz mafiosa y prebendaría instalada a lo largo y a lo ancho del país.
El avance hacia la libertad económica casi total, es importante. Da paso hacia una nueva y desconocida Argentina. Avanza sobre la reclamada reforma laboral, en parte, imponiendo una serie de flexibilizaciones en esa materia que procuran potenciar el empleo y la inversión. Se derogó la nefasta ley de alquileres, y habrá total libertad sobre el sistema de salud y las obras sociales, como así también los servicios de medicina prepaga que se incorporan como opción a la par del sistema sindical.
El decreto termina con la burocracia de los registros del automotor, la ITV, desregula en algún aspecto la actividad farmacéutica, aduanera; permite las exportaciones y las importaciones sin límites; y elimina privilegios sindicales haciendo optativo para el trabajador registrado, el pago solidario de un porcentaje al gremio “dueño” del convenio colectivo. Hoy esa recaudación absurda, que beneficia a varios sindicatos en detrimento de los ingresos del empleado entre ellos el de comercio, es millonaria y nadie sabe hacia dónde va el dinero. Estas medidas entran en vigencia en pocos días. Pero la gran batalla estará en el Congreso nacional, donde el decreto de necesidad y urgencia debe ser sometido a tratamiento parlamentario en una comisión bicameral.
Fueron varias las voces de diputados y de senadores que se expresaron a favor y en contra de las reformas y del modo en que fueron planteadas por el Presidente. No hay certezas sobre la fecha en que el DNU será tratado en las cámaras, y menos aún la cantidad de votos que se inclinarían por aprobarlo o rechazarlo. Dependerá de la posición de los legisladores y de si estos están a favor o en contra del cambio. Se sabrá, con nombre y apellido, quiénes privilegiarán sus propios intereses por sobre los de la gente. Y quiénes se arriesgarán a darle la espalda al 57 por ciento de los ciudadanos que eligieron a Milei, el presidente más votado de la democracia. Ahora ellos serán responsables de haber ayudado o de haber terminado de hundir al país.
