El gobernador firmó el texto legislativo que establece un nuevo modelo de seguridad en la provincia de Córdoba. La norma fue aprobada en la noche del miércoles por la Legislatura provincial.
El gobernador Martín Llaryora promulgó la ley que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
La norma fue aprobada durante el pleno de la Legislatura provincial, después de ser tratada en reuniones de comisión en las que participaron expertos en temas de seguridad, además del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Con la firma del gobernador, el texto legislativo fue publicado en el Boletín Oficial para su plena vigencia.
Principales aspectos de la ley
La ley introduce novedades al sistema de seguridad provincial, entre las que se encuentran:
•La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía.
•El uso de armas no letales.
•La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.
•La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.
•La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
•La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.
•La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.
•La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, aclaró que las guardias locales serán “auxiliares de la policía: pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprender e inmediatamente tienen que entregarle el procedimiento a la fuerza policial, no suplanta en absoluto a la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad”.
“La seguridad para nosotros es un eje absolutamente fundamental”, expresó Quinteros.
“Córdoba será territorio hostil para el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado”, agregó.
Por otra parte, Quinteros garantizó el derecho a la protesta social, amparado legalmente, “pero, a aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo, abrir su negocio, desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es garantizarle que también lo pueda hacer”.
