La mejor política cultural es no tener ninguna. Defender a nuestra cultura. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico, que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. La cultura es indestructible. Es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. Hubo una tribu, salvaje, en África, en cuyo lenguaje no existía la palabra libertad. ¿Saben por qué? Porque eran libres. Creo que la palabra cultura, sale siempre de la gente más ignorante, más estúpida, y más peligrosa. Yo personalmente no la uso nunca”.
Esta reflexión, imperdible y de puro sentido común, la formuló el gran actor de cine, teatro y televisión, Oscar Martínez, encarnando el personaje protagonista de la película “El ciudadano ilustre”. Es ficción, es cierto. Pero la carga conceptual de semejante frase viene como anillo al dedo en estos tiempos en los que se discute una amplia reforma del Estado, que incluye ajustes en todas partes, entre ellos el “apoyo” a la cultura. La ley ómnibus que se discute en el Congreso de la Nación, prevé una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine, dispone el cierre del Instituto Nacional del Teatro y también una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música. Ademas, -según Perfil- en materia cultural, el proyecto de ley propone la eliminación del financiamiento que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.
Estas medidas del nuevo gobierno libertario del presidente Javier Milei, provocó las reacciones lógicas del sector cultural y artístico del país, que se niega a abandonar sus privilegios pagados con los recursos que provienen de los impuestos de los argentinos.
La decisión de avanzar, por ejemplo, en la eliminación de este tipo de fondos vitalicios y una readecuación del INCAA, por ejemplo, va en sintonía con el perfil integral del gobierno nacional. No debe sorprender, en el sentido más estricto sobre el rol que el Estado debe tener en la sociedad, que es ocuparse de la salud, la seguridad y la educación. No mucho más.
En los últimos años hemos comprobado, a partir de investigaciones periodísticas, la escandalosa discrecionalidad con que fueron manejados estos recursos, en financiar proyectos culturales y audiovisuales absolutamente mediocres, que casi nadie consumió. Millones y millones de pesos dirigidos a grupos afines al kirchnerismo, en iniciativas cinematográficas, de TV en canales públicos, en la financiación de recitales “gratuitos”, y un largo etcétera. Al margen de ese descontrol, se deslizaron sospechas de corrupción en muchos casos.
En síntesis, el Estado no está para eso, y los referentes “culturales” deben entenderlo así, buscando a partir de ahora que sea el sector privado y las fundaciones las que apoyen la actividad. Claro, cada proyecto debe pasar por un tamiz de calidad y ya no estará el “bolsillo suelto” del Estado.
