Habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande. Nuestro congreso es muy numeroso. Todos deberíamos pensar en cómo conseguir instituciones más eficientes". La frase pertenece al ministro del Interior Guillermo Francos, un hombre con amplia experiencia política, integrante del gobierno libertario de Javier Milei, pero a quien nadie puede acusar de antidemocrático.
La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con 257 miembros, que representan a los ciudadanos de todas las provincias argentinas. El número es exageradamente elevado. No hay nada ilegal en la conformación del Congreso, por cierto, porque cumple con lo establecido en la Constitución Nacional. Pero es demasiado caro para el bolsillo de los contribuyentes, engorroso y lento en el proceso de tratamiento de las leyes. Si añadimos a los miembros de la Cámara de Senadores, que son 72 (tres por cada una de las 24 provincias), el número de legisladores federales es de 329, cada uno con empleados y asesores y multimillonarios presupuestos. Ni hablar si se cuentan además las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales. un Poder enorme, elefantiásico, que se convierte en un peso insoportable para la gente, y poco “productivo”.
La llegada al gobierno del presidente Javier Milei puso en debate todo ese mundo al que denomina “la casta” política, el origen del problema que padece la Argentina. El ajuste pasa por todos lados, pero da la sensación que lo sufre más la gente, que esa corporación política enquistada desde hace décadas.
Dirán que forma parte de la estructura institucional del país, y que solo una reforma constitucional lo puede cambiar. Es cierto, pero algo debe ser modificado para achicar el Estado. La Argentina está exhausta, quebrada y aún así la política se aferra a sus privilegios.
Un ejemplo claro es nuestro Concejo Deliberante. Posee once miembros, secretarios, asesores, empleados, y su nivel de “productividad” está muy lejos de lo aceptable. Obviamente esa estructura cumple con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, que especifica que la cantidad de concejales subirá cuando la ciudad supere los 50 mil electores, aumentándose de a dos cada 10 mil electores, hasta un máximo de 33. Sí, 33! No estamos muy lejos, teniendo en cuenta que el padrón está compuesto por unos 47 mil. Es decir que el Concejo se agigantará a la par del crecimiento demográfico. Un despropósito. Lo mismo ocurre con el Congreso Nacional.
Córdoba fue pionera décadas atrás en unificar sus dos cámaras, de diputados y de senadores, en una sola. Así nació la Unicameral, con menos de 80 legisladores. Fue un avance institucional, moderno y que ayudó a la reducción del gasto. Río Tercero debe tener en cuenta estos ejemplos vanguardistas porque su Estado, y sobre todo el legislativo, no debe crecer más allá de lo razonable.
