El Gobierno nacional mantiene pendiente de resolución varios asuntos para con Río Tercero: deudas por obras, universidad y el pago de las indemnizaciones por los daños provocados por el propio Estado en la voladura de la Fábrica Militar.
Son todos compromisos asumidos y firmados, ya sea a través de convenios, decretos o leyes. La universidad y las indemnizaciones están avaladas por leyes del Congreso. En mayor o menor grado, las obligaciones deben ser cumplidas.
Nos detenemos en las indemnizaciones. Claramente el Estado nacional por no decir el Gobierno de la Nación, está incumpliendo una ley vigente, un mandato claro del Parlamento. Como Ejecutivo y como institución, está en mora con la Justicia y con Río Tercero.
Los Tribunales Federales que tienen a su cargo la causa civil por los resarcimientos, no saben ya como hacer cumplir la ley. Han llenado de intimaciones al Gobierno, pero no hay caso. No se pagaron ni en la Presidencia de Cristina kirchner, ni en la Mauricio Macri, ni en la de Alberto Fernández, ni ahora en el mandato de Javier Milei. Con un agravante actual: para esta gestión, el “no hay plata” atraviesa todos los frentes.
El Estado nacional está siendo intimado para que abone el monto que le corresponde a cada damnificado por las explosiones, desde hace casi 30 años.
Hubo dos acciones del Estado que generaron expectativas positivas. Una de ellas fue el dictado de un decreto de necesidad y urgencia firmado por la gestión anterior a poco de asumir Milei; y el segundo acto fue ya con la administración libertaria que dispuso la toma de deuda en bonos para cancelar las indemnizaciones, que alcanzan a unos 15 mil millones de pesos y benefician a más de nueve mil personas.
En el primer caso, aquel DNU publicado en noviembre de 2023, redefinió el modo de pago para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace nueve años, pero que nunca se cumplió. La indemnización por muerte será de 1.000 módulos de $8.000.000; lesiones gravísimas, 700 módulos de $5.600.000; lesiones graves, 600 módulos de $4.800.000; daño moral, 100 módulos de $800.000; y daño material 95 módulos de $760.000.
Falta en esta instancia que se agilice el trámite administrativo y que se cumpla con los pagos, va sea en bonos o en efectivo.
Aparecen aquí algunas situaciones que apuntan a los honorarios que debería cobrar el abogado patrocinante de los reclamantes, que sería multimillonaria. ¿Será ese un escollo para el avance de la gestión? No se sabe.
Lo que sí es seguro, es que los miles y miles de millones de pesos que ingresarían a ciudad por ese concepto tan legítimo como justo, sería un dinamizador abrumador de la castigada economía de Río Tercero. Cómo no insistir vehementemente con el reclamo, que todos gobiernos prometieron pero no cumplieron en los últimos años.
