No estaría para nada cercano en el tiempo, el efectivo cumplimiento del Gobierno nacional en el pago de las indemnizaciones a nueve mil damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar. La administración de Javier Milei, como lo hicieron las anteriores gestiones desde Cristina Kirchner, Mauricio Macri hasta la de Alberto Fernández, no tiene intenciones de apurar el trámite, por el que está obligado por ley. Es más, parecería que todo el sistema, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, apuesta a la dilación de las liquidaciones de los fondos.
La última novedad señala que la Cámara Federal de Córdoba estableció un plazo de un mes para que las partes se pongan de acuerdo y busquen una solución al conflicto. Las partes son por un lado la Comisión de Damnificados, representada por el abogado cordobés Mario ponce, y por el otro el Estado nacional, representado por el Ministerio de Defensa y Fabricaciones Militares.
La Cámara otorgó una audiencia la semana pasada a pedido de los vecinos litigantes, y resolvió que en 30 días el pago debe estar acordado. ¿Con qué argumentos? Nada más ni nada menos que una ley del Congreso vigente desde 2015, que los sucesivos gobierno nunca cumplieron.
El abogado Ponce, quien cobrará suculentos honorarios provenientes de esas posibles y lejanas liquidaciones, dijo que el Estado mostró voluntad de pago. De hecho el gobierno del presidente Milei ordenó a la emisión de deuda pública para cumplir con pasivos multimillonarios dejados por gestiones anteriores, entre ellos las indemnizaciones.
Ahora bien. En un Estado quebrado, si ese recurso administrativo no prospera, es muy difícil que se aceiten los mecanismos de cumplimiento, ya que de ninguna manera habrá emisión de pesos, aunque la ley prevé el pago en bonos.
Si se calcula que cada damnificado debería percibir unos cuatro millones de pesos por diferentes daños, como el moral, psicológico o material, estamos hablando de 24 mil millones de fondos públicos. A fin de realizar una comparación, el último desembolso del gobierno para el financiamiento de todas las universidades públicas del país, fue de 22 mil millones. Cabe destacar que de los 24 mil millones de pesos que la Nación debe desembolsar para cumplir con los acuerdos extrajudiciales, un porcentaje se descontaría para los honorarios de abogado. Esto es así porque se trata de litigantes en un juicio civil que renunciaron a ese derecho a instancias de la ley. Incluso se trata de personas algunas de las cuales ya percibió indemnizaciones en 1996 a través de un decreto del entonces presidente Carlos Menem. En esa fecha se pagaron cerca de 100 millones de pesos/dólares por daños físicos, fallecimientos, y daños materiales de inmuebles y vehículos, además de lucro cesante en comercios e industrias.
Que ahora la Justicia se haya despertado para facilitar un acuerdo es una buena noticia, pero no implica que todo esté resuelto ni que el entendimiento esté cerca. Ya lo vivimos.
Esa misma Justicia se cansó de intimar al Estado con sanciones y multas en efectivo por incumplimiento y nada pasó.
