
Ha caído sobre el secretario General de la AGEC de Río Tercero, una grave denuncia que debe ser esclarecida. No puede ni debe pasar desapercibida una acusación de esa magnitud, sobre un personaje que si bien maneja un gremio privado, tiene un perfil público. Ayer viernes nos enteramos que el sindicalista mercantil fue señalado por una empleada de la obra social OSECAC, como presunto responsable de hostigamiento y acoso. La información, publicada por la radio FM Sol y citando declaraciones del abogado de la mujer, señaló que “la empleada ha sufrido repetidos casos de acoso, hostigamiento e insinuaciones sexuales” por parte del titular del sindicato.
“El relato de mi defendida es muy angustiante, al punto tal que ella lo venía naturalizando, lo toleró diez años para preservar su fuente laboral; pero un día dijo basta y muy afectada no pudo seguir tolerándolo”, declaró el abogado en la entrevista radial.
Según el medio de prensa “las acusaciones deberían haber generado una profunda preocupación dentro de la empresa y el sindicato. Sin embargo, siempre según detalla el letrado, la insistencia de la cúpula nacional de OSECAC fue plantearle a la empleada que vuelva a trabajar sin ser escuchado su reclamo”.
“Ella trabaja desde hace veinte años en la obra social que el gremio más grande del país le ofrece a sus afiliados y tiene un legajo intachable; su relato es muy angustiante y le fue muy difícil hablar de la situación; a punto tal que a la primera persona que se lo cuenta es a mí sin poder hablarlo con su familia directa para evitar un problema mayor”, subrayó el profesional.
“Con el anterior titular de AGEC, ella sólo refiere términos de una relación respetuosa y cordial; todo comenzó a cambiar con la llegada del nuevo Secretario General y desde ahí fueron diez años de una situación agobiante; maltrato, hostigamiento y múltiples situaciones de insinuaciones de índole sexual”, detalló el abogado.
La Justicia dictó una medida cautelar contra el sindicalista acusado -según FM Sol- pero, paradójicamente, a la empleada se le exige que reingrese a trabajar.
Si se comprueba la denuncia, es gravísima, ya que es el gremialista quien deben defender los derechos de los trabajadores y no al revés: convertirse en el maltratador y acosador.
Por esa razón, quien dice representar a los trabajadores debe dar un paro al costado, hasta tanto todo se aclare. Y debe ser la Justicia la que intervenga rápidamente para dar seguridad a la denunciante. Los asociados al sindicato, que aglutina a la mayor cantidad de trabajadores en la ciudad, deben solicitar nuevas elecciones, y eyectar a personajes sobre los cuales ya pesa un manto de sospecha de esta gravedad, y que además manejan fondos millonarios.