Por ahora, las cesantías en el Estado nacional, son esquivas al personal de la Fábrica Militar, como sabemos, sobre dimensionada en personal en su área metalmecánica. La fábrica cuenta con casi 400 operarios, la mayoría contratados.
Luego de una gestión mala en la anterior administración, el presidente Javier Milei volvió a designar a un militar al frente de la fábrica. Pero en apariencia el ajuste se hace esperar.
El secretario General de ATE Río Tercero, dijo que está “preocupado” por lo que pueda venir, en un contexto de poda y despidos de más de 15 mil estatales en todas las áreas nacionales.
“Seguimos en estado de alerta”, expresa David Salto a una radio. El gremialista forma parte de un grupo de más de 30, entre autoridades sindicales y delegados, que permanecen en la empresa.
El rumor habla de la posible desvinculación de unos 150 operarios a quienes no se les renovaría el contrato y quienes no cuentan con estabilidad laboral. Salto reveló que desde Buenos Aires les advirtieron que las medidas de protesta que puedan tomar como entidad sindical, no sean violentas. Un pedido muy adecuado, por cierto, aunque Salto devolvió la gentileza acusando en realidad de violeto al gobierno de Milei por achicar una planta de personal estatal desbordada.
Salto señaló que con esa advertencia, se infiera que “no van a tomar medidas buenas para el colectivo de trabajadores y trabajadoras”.
Desde Buenos Aires no descartan ordenar el cierre de unidades productivas, si estás arrojan déficit. Por ahora no hay decisión, pero la firme idea del gobierno libertario es que Fabricaciones Militares, que puede transformarse en una sociedad anónima para incorporar capital privado, se arregle con los fondos propios que percibe por sus ventas, y no reciba ayuda del Tesoro Nacional.
Son rumores no aclarados, afirma Salto sobre los posibles despidos. “Lo están manejando con hermetismo”, agrega. Si se habla del fin de 150 contratos, no se conoce si serán solo de Río Tercero o del todo el complejo en general de cinco fábricas más las oficinas de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras, el gremio mantiene una posición intransigente que no da lugar a posibles soluciones de reactivación con el ingreso de capitales privados
