El Estado nacional pidió postergar la próxima audiencia en la Cámara Federal para el próximo 26 de septiembre
Algunos dicen que son 12 mil millones de pesos; otros 20 mil millones. Pero lo cierto es que el monto a pagar por el Estado nacional en concepto de indemnizaciones por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero del 3 y 24 de noviembre de 1995, no está claro. No solo no hay certezas sobre la cantidad de plata que cada reclamante debe percibir, sino que no hay fecha de pago por parte del gobierno de turno.
Así, las sucesivas gestiones, desde los kirchneristas, pasando por los macristas, de nuevo los K, y ahora los libertarios, nos vienen “bicicleteando” una obligación que está plasmada nada menos que en una ley del Congreso de la Nación.
Ante reclamos tras reclamos, el abogado que patrocina a miles de personas damnificadas con derecho a ser indemnizadas, se cansó de plantear los incumplimientos ante la Justicia Federal. Ahora entiende en el asunto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que trata de hacer acordar a las partes, es decir el Estado y los vecinos que reclaman.
Pero la última maniobra del gobierno alteró los ánimos: sus abogados pidieron demorar la próxima audiencia fijada.
"Estamos acostumbrados a recibir tantos reveses porque es lo que hemos vivido durante muchos años", dijo Ponce a una radio. La audiencia se trasladó para el 26 de septiembre "con una argumentación pobre pero se le hizo lugar", señaló Ponce y agregó que espera que la misma "sea definitiva para establecer el monto y el mecanismo de pago" de las indemnizaciones por las explosiones de Fábrica Militar Río Tercero.
"Tengo mucha bronca porque veo que durante 28 años y pico soportamos una serie de maniobras dilatorias tendientes a no pagar", expresó el abogado y adelantó que si el Estado nacional mantiene esa postura solicitará "que sea la Cámara la que resuelva".
No se sabe si servirá de algo, porque la Justicia a través del Juzgado Federal de Río Cuarto ya intimó al Estado en varias oportunidades para que pague, con advertencias sobre el incumplimiento o desataco a los Tribunales, y nada ocurrió. Todos esperan que está vez sea la definitiva
